12 Mar #9F: Un día para no olvidar ni repetir

11 de marzo de 2020

#9F: UN DÍA PARA NO OLVIDAR NI REPETIR

Ha pasado más de un mes desde que el Salón Azul de la Asamblea Legislativa fue tomado por miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, por órdenes de la Presidencia de la República, en una clara demostración de exceso de poder. Lo que aconteció el 9 de febrero no sólo ha sido condenado a nivel nacional, sino también por la comunidad internacional que, de manera unánime y contundente, cuestionó que la Fuerza Armada y la Policía ingresaran a la Asamblea Legislativa, e hizo múltiples llamados para que se respete la separación de poderes y la armonía social.

Diferentes organizaciones de la sociedad, entre asociaciones, fundaciones, colectivos y movimientos ciudadanos, con pensamientos e ideologías diversas, pero unidas con el objetivo común de defender principios democráticos y constitucionales, garantes de derechos humanos, y el respeto a las instituciones, manifestamos nuestra preocupación por lo ocurrido y expresamos que:

 Las acciones ordenadas desde la Presidencia de la República, son una violación muy grave de la Constitución, y constituyen un peligro para nuestra democracia y libertad, pues desnaturalizan la función de las fuerzas de seguridad, que no deben ser una herramienta política.

 El contrapeso que ejercen instituciones como la Fiscalía General de la República y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es esencial para contrarrestar abusos de poder. Estas instituciones cuentan con el respaldo ciudadano para defender el Estado de Derecho y, en la medida que lo hagan, la población les agradecerá, de lo contrario se les reprochará.

 La Sala de lo Constitucional es el Juez que debe resolver sobre la inconstitucionalidad presentada por lo ocurrido el 9 de febrero. Es importante que emita una resolución sobre la demanda interpuesta contra las actuaciones de altas autoridades del Órgano Ejecutivo; dada la gravedad de los hechos, resolver con prontitud es necesario y también prevenir acciones similares a futuro.

 La Fiscalía General debe cumplir su rol e investigar a profundidad, de manera transparente, objetiva y oportuna, para determinar si existen indicios de que se haya cometido algún delito.

 La libertad de expresión permite que la ciudadanía pueda criticar y señalar a sus servidores públicos, pero esto no debe llegar a las amenazas que están recibiendo algunos funcionarios, las cuales son reprochables, ilegales y antiéticas. Rechazamos cualquier tipo de acoso que busca poner en peligro la integridad física y/o moral de cualquier funcionario o que signifique obstaculizarlos en el ejercicio de su cargo.

 La interpelación del Ministro de Defensa, convocada por la Asamblea Legislativa, y de cualquier otro funcionario del Órgano Ejecutivo, debe ser un espacio para indagar y deducir responsabilidades. Esperamos que los Diputados y Diputadas de la Asamblea puedan ejercer un papel digno, formulando las preguntas apropiadas y necesarias para transparentar lo sucedido.

Si bien nuestra democracia no es perfecta, todos los salvadoreños y salvadoreñas debemos asumir el compromiso de fortalecerla con transparencia, equidad y justicia. Desde la ciudadanía nos corresponde permanecer vigilantes, velar por que todos los funcionarios públicos respeten y cumplan con sus funciones de conformidad con el ordenamiento jurídico, sin abusar del poder que les ha sido concedido, y exigir que lo ocurrido el 9 de febrero no se vuelva a repetir.

San Salvador, 11 de marzo de 2020.