12 May Pronunciamiento de organizaciones de la sociedad civil sobre acciones impulsadas en la emergencia del COVID-19

San Salvador, 11 de mayo de 2020.

En el contexto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento, queremos expresar nuestra profunda preocupación tras una serie de acciones del Órgano Ejecutivo que, bajo el argumento de atender tal situación, violentan derechos humanos y garantías constitucionales, algunas también avaladas en Decretos Legislativos, y que están contribuyendo a agravar la situación en que viven muchos salvadoreños y salvadoreñas, principalmente quienes se encuentran en condiciones más vulnerables.

Es del conocimiento público que el Órgano Ejecutivo está en franco desacato, al no dar cumplimiento a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional (SdC), ha desatendido el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar diligencias de investigación y ha ignorado las constantes recomendaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Todo lo anterior, ha derivado en graves violaciones a derechos fundamentales de la población salvadoreña, tanto de quienes están en el territorio nacional, como de aquellos varados en el exterior. Basta verificar los informes de la PDDH y las resoluciones de la SdC, para dimensionar la gravedad y lo delictivo de los actos ejecutados en perjuicio de la sociedad, algunos incluso similares a los vividos durante el conflicto armado, tales como: detenciones ilegales o arbitrarias, y atentados contra la integridad física de ciudadanos inocentes, entre otros.

Reconocemos que la FGR, la PDDH y la SdC se han pronunciado en defensa de la población o han ejecutado algunos actos de investigación, buscando determinar la legalidad de ciertas medidas ejecutadas por el Órgano Ejecutivo ante el COVID-19, sin embargo, han sido acciones insuficientes, declarativas, y carentes de eficacia, dado que no se hacen cumplir. Como organizaciones de la sociedad civil, rechazamos cualquier medida ilegal de presión contra los representantes de otros órganos de poder, incluyendo los notorios ataques públicos que se han registrado en el contexto de la emergencia, y respaldaremos las resoluciones y procedimientos que sean ejecutados en aras de proteger la salud y la vida de la población, respetando la Constitución y los derechos humanos.

De conformidad a todo lo antes mencionado, exhortamos:

• A la Sala de lo Constitucional, a que haga ejecutar lo por ella juzgado, certificando a la FGR el evidente desacato cometido por el Órgano Ejecutivo, al incumplir con las resoluciones constitucionales, y que continúe resolviendo con celeridad y eficiencia los procesos constitucionales interpuestos durante esta emergencia.
• Al Fiscal General de la República, para que promueva de manera oficiosa la acción penal contra los funcionarios del Órgano Ejecutivo que desobedezcan resoluciones de la Sala de lo Constitucional, o que obstaculicen la labor de verificación que, por orden legal, corresponde a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
• A la Asamblea Legislativa, para que, de conformidad con la Constitución, ejerza un papel real de contrapeso ante las medidas propuestas por el Órgano Ejecutivo, implementen medidas efectivas de transparencia y rendición de cuentas, y se abstenga de apoyar acciones que atenten contra la dignidad de la ciudadanía, en especial aquellas que fomentan la arbitrariedad de los cuerpos de seguridad.
• A la Presidencia de la República y a las instituciones del Órgano Ejecutivo, que lideran las acciones para enfrentar esta pandemia, a apegarse al principio de legalidad, emitiendo normativas claras, proporcionales, graduales, basadas en prueba científica, debidamente publicadas y en respeto a lo establecido en la Constitución, garantizando en todo momento los derechos humanos y acatando especialmente las medidas que la SdC emita para tal efecto.

A pesar del contexto tan único y difícil que vivimos como país, el respeto a los derechos humanos y a las garantías mínimas debe prevalecer en cada acción estatal, apelando a la democracia y a la protección de la dignidad humana, buscando la mejor gestión posible de la crisis sanitaria derivada de la pandemia, así como de sus consecuencias sociales, económicas y políticas.