10 Jun Carta abierta al Fiscal General de la República que suscribimos varias organizaciones de la sociedad civil
San Salvador, 10 de junio de 2020
Doctor
Raúl Ernesto Melara Morán
Fiscal General de la República
Las organizaciones que suscribimos la presente carta, en el contexto de la emergencia mundial por la pandemia de COVID-19, queremos expresarle nuestra preocupación por la serie de actos y medidas gubernamentales que se han adoptado para atender tal emergencia, que son violatorios de derechos fundamentales y principios democráticos.
Es del conocimiento público que el Órgano Ejecutivo se ha negado de forma sistemática a dar cumplimiento a resoluciones judiciales emanadas de la Sala de lo Constitucional (SdC) y a recomendaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), desconociendo las facultades de esos órganos de Gobierno. Es necesario remarcar que las resoluciones de la SdC son de obligatorio cumplimiento; de igual forma, los pronunciamientos de la PDDH deben ser acatados.
Toda esa desobediencia ha derivado en graves violaciones a derechos fundamentales de la población salvadoreña, tanto de la que se encuentra en el territorio nacional como la que permanece varada en el exterior. Basta verificar los informes de la PDDH y las resoluciones de la SdC para dimensionar la gravedad y lo dañino de los actos ejecutados en perjuicio de la sociedad.
Consideramos urgente que ejerza, en plenitud y con contundencia, todas sus facultades constitucionales en defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, promoviendo la acción penal contra los funcionarios que cometan actos contrarios a la ley y que desobedezcan la Constitución, así como las resoluciones de la SdC.
Particularmente, ante la última sentencia de la Sala de Constitucional, emitida el pasado 8 de junio, que declara inconstitucionales los Decretos Ejecutivos que regulaban la cuarentena y otras medidas, y en la cual la Sala ha llamado al respeto y entendimiento entre los órganos del Estado, consideramos necesario que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenga un rol activo, para garantizar la legalidad y el cumplimiento de la referida sentencia.
Reconocemos que la FGR ha desarrollado algunos actos de investigación para determinar la legalidad de ciertas medidas ejecutadas por las autoridades del Gobierno ante el COVID-19, pero, debido a que dichas actuaciones ilegales persisten, es necesaria una labor protagónica y efectiva por parte de la Fiscalía.
Como organizaciones respaldaremos todas las acciones de investigación y los procedimientos que sean realizados por la FGR, siempre y cuando estén enfocados en garantizar seguridad jurídica a la República y hacer que se acaten las órdenes judiciales que tutelan derechos fundamentales.
Respetuosamente,