27 Jun Comunicado de organizaciones de la sociedad civil ante las recientes publicaciones de posibles casos de corrupción por parte de funcionarios

San Salvador, 26 de junio de 2020

El Consorcio por la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y Acción Ciudadana ante las recientes publicaciones de posibles casos de corrupción por parte de funcionarios, manifiesta lo siguiente:

1. Que el acceso a información pública y la libertad de prensa son fundamentales no solo para el buen gobierno, el desarrollo y la paz, sino también, porque permiten a la sociedad civil investigar, informar y denunciar actos de corrupción, en países como El Salvador donde éste es un mal endémico. Evidencia de ello, son las recientes publicaciones de investigaciones periodísticas que han develado casos de nepotismo y conflicto de interés, entre otros, en el gobierno del presidente Bukele, hechos que se han realizado previo y durante la emergencia de salud que atraviesa el país.

1. En una situación de emergencia, cientos de comunidades y familias son altamente vulnerables, y los casos de corrupción solo limitan la respuesta que el Estado debe dar para garantizar los derechos de la ciudadanía. Por tanto, exigimos la renuncia y destitución de todo funcionario y empleado público, que, ante sus conductas antiéticas y faltas de integridad, esté involucrado en delitos de corrupción a fin de obtener un beneficio propio o en favor de sus familiares y amigos.

1. Requerimos, nuevamente, al Fiscal General de la República, que ejerza las funciones que la Constitución de la República le ordena para que inicie de oficio las investigaciones penales contra funcionarios y empleados públicos que están involucrados en actos de corrupción, actos que perjudican los intereses y desarrollo del Estado y de la sociedad, aplicando con firmeza la defensa de la legalidad y no queden en la  impunidad todo servidor público que ha hecho o haga un mal uso de su autoridad y de los recursos del estado. El enfoque de esta investigación penal debe partir desde la actividad conspirativa, instigadora de los delitos de corrupción como los de asociación ilícita y lavado de dinero.

1. Exigimos al Tribunal de Ética Gubernamental, ejercer un rol pro-activo durante la pandemia, dando celeridad y trámite a las denuncias y avisos presentados por la ciudadanía, y a ordenar investigaciones de oficio contra aquellas actuaciones de funcionarios y empleados públicos, por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y certifique a la Fiscalía, si los hallazgos que identifique son hechos constitutivos de delitos.

1. Exhortamos a la Corte de Cuentas de la República a llevar a cabo una ardua labor fiscalizadora de todos los recursos del Estado, especialmente las adquisiciones de insumos, bienes y obras para enfrentar la pandemia del COVID-19, y a dar a conocer los resultados de las auditorías que está practicando, lo cual fomenta la transparencia y la rendición de cuentas y crea confianza en sus actuaciones. La Corte de Cuentas es el ente contralor del Estado y debe vigilar que se haga un correcto uso de los fondos públicos, por lo que tiene un rol relevante en medio de la pandemia.

Como en gobiernos anteriores, persiste la aplicación de privilegios personales a funcionarios, tanto de elección popular como elección indirecta, en el otorgamiento de plazas, uso discrecional de las compras públicas, negociaciones ilícitas, tráfico de influencias y dádivas, así como, el beneficio del fuero para realizar posibles actos constitutivos de delito y que hoy en día son hechos de notoriedad pública. Combatir efectivamente la corrupción requiere de un compromiso real en todas las instancias estatales, así como la participación activa de la ciudadanía para no tolerar la corrupción, venga de donde venga.