28 Nov No debe de obstaculizarse la función constitucional de la Corte de Cuentas
Comunicado de prensa de las organizaciones: Acción Ciudadana, Asociación Nacional de la Empresa Privada, Centro de Estudios Jurídicos, Fundación Democracia Transparencia Justicia, Fundación Nacional para el Desarrollo (capítulo El Salvador Transparencia Internacional), Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador.
San Salvador, 28 de noviembre de 2020.
El combate contra la corrupción es un eje fundamental para el desarrollo del país, y esto exige que las instituciones de control cumplan con eficacia sus funciones constitucionales y legales. La actual conformación de la Corte de Cuentas de la República está haciendo esfuerzos en cumplir con su función de fiscalizar la hacienda pública y la ejecución del presupuesto.
El Órgano Ejecutivo sistemáticamente ha obstaculizado el control que sobre él ejercen otras instituciones del Estado, tales como el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Fiscalía General de la República, la Asamblea Legislativa, y la Sala de lo Constitucional.
La Corte de Cuentas de la República también ha sido objeto de obstáculos en fiscalizaciones tales como las de las donaciones recibidas durante la pandemia y las del manejo de US$450 millones para la entrega de un subsidio de U$300 a hogares vulnerables.
Las recientes acciones realizadas por el Ministerio de Hacienda en contra del Presidente de la Corte de Cuentas se desarrollan en el marco de este ataque sistemático del Órgano Ejecutivo a las instituciones de control.
Llamamos al Órgano Ejecutivo a someterse a los controles sobre los fondos públicos que las demás autoridades ejercen sobre él, y a cesar las acciones que van dirigidas a obstaculizarles el ejercicio de sus funciones.
Instamos a la Corte de Cuentas a que continúe ejerciendo sus funciones de fiscalización utilizando todas las herramientas que le otorga la ley, y asistiéndose de las demás instituciones del Estado.
Pedimos a la sociedad y a la comunidad internacional a que se mantengan atentas para exigir que las instituciones del Estado puedan desarrollar un efectivo combate contra la corrupción.