Comunicado de prensa: La PNC amenaza a la democracia e impide la lucha contra la corrupción

 

Comunicado de prensa de las organizaciones: Acción Ciudadana, Asociación Nacional de la Empresa Privada, Centro de Estudios Jurídicos, Fundación Democracia Transparencia y Justicia, Fundación Nacional para el Desarrollo capítulo El Salvador Transparencia Internacional, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador.

San Salvador, 10 de noviembre de 2020

  1. Las numerosas irregularidades en compras públicas durante la pandemia covid-19 exigían que las autoridades competentes ejercieran sus funciones de investigación.
  2. la Fiscalía General de la República ha ejercido su función constitucional al iniciar las investigaciones respectivas, y en el marco de ellas, allanó las oficinas del Ministerio de Salud y de otras instituciones públicas.
  3. Según los artículos 159 y 193 ordinal tercero de la Constitución, la Policía Nacional Civil debe colaborar en las investigaciones de delitos bajo la dirección funcional de la FGR. Pero este día, por el contrario, agentes policiales utilizaron la fuerza para intimidar a los fiscales y obstaculizarles en la ejecución del allanamiento en esas oficinas públicas.
  4. esto refleja una práctica sistemática del gobierno de El Salvador en instrumentalizar a la fuerza pública para invadir las funciones de los otros órganos del Estado; un camino autoritario que inició con el intento del golpe de Estado del 9-F.
  5. Con estas acciones, las autoridades y agentes de la PNC, además de cometer delitos y demostrar un activo interés en impedir la lucha contra la corrupción, han incumplido la sentencia 6-2020 acum. de la Sala de lo Constitucional, que ordenó al director general de la PNC y a toda la corporación «no ejercer funciones ni actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligadas».
  6. Llamamos a la sociedad civil a que exprese su respaldo a la FGR, y pedimos a la Sala de lo Constitucional que de manera oficiosa certifique a esa institución el incumplimiento a su sentencia. para que se deduzcan las responsabilidades al más alto nivel.
  7. Pedimos a los países de la comunidad internacional que comparten los valores democráticos denunciar públicamente y por las vías diplomáticas las prácticas del gobierno de El Salvador que amenazan a la democracia y la lucha contra la corrupción.