20 May Organizaciones de la sociedad civil nacionales y regionales acuden al Secretario General de la OEA ante la preocupación por la crisis constitucional y política que atraviesa El Salvador

San Salvador, 20 de mayo de 2021.

Señor
Luis Almagro Lemes
Secretario General

Organización de los Estados Americanos (OEA) Excelentísimo Secretario General: Las organizaciones de sociedad civil nacionales, regionales e internacionales abajo firmantes, acudimos a usted ante nuestra preocupación por la crisis constitucional y política que atraviesa El Salvador, en la que ha ocurrido una evidente y grave afectación del orden democrático.

El sábado 1 de mayo del presente año, diputados y diputadas de los partidos políticos afines al presidente Bukele en la Asamblea Legislativa de El Salvador, en el mismo día de su toma de posesión para el período 2021-2024, removieron de sus cargos a los magistrados y magistradas propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como al Fiscal General de la República, y procedieron a realizar nombramientos directos de sus sustitutos.

Estas acciones se realizaron vulnerando las reglas y procedimientos establecidos en la Constitución, sin otorgar a las personas involucradas el derecho de contestar las imputaciones realizadas en su contra, sin respetar garantías mínimas de debido proceso y, como fue reconocido ante medios de comunicación por funcionarios de gobierno, por razones de índole política. Con ello, además de violar su inamovilidad, se incumplieron compromisos asumidos por el Estado sobre la protección y garantía de la independencia judicial y los derechos humanos, lo que convierte a tales actos en ilegales e ilegítimos. De las declaraciones públicas realizadas por el presidente Bukele, poca duda hay de que este desmantelamiento de la Independencia Judicial se origina desde su administración.

Los hechos descritos tienen un efecto directo sobre la separación de poderes y por ello han provocado una condena generalizada de la comunidad internacional y de diferentes actores nacionales. Entre los pronunciamientos destacamos el Comunicado de Prensa C045/21 del 2 de mayo de esa Secretaría General de la OEA en que rechaza la destitución de los magistrados y el fiscal. Además, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), en su comunicado No. 110/2021 del 3 de mayo pasado, ha expresado que esta actuación «[incumple] las normas constitucionales que regulan el procedimiento y los estándares interamericanos para la remoción de operadores de justicia, tales como debida fundamentación, derecho de defensa y debido proceso».

Desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de la República hemos visto con preocupación un creciente patrón autoritario que atenta contra la institucionalidad democrática: resistencia a cualquier control del poder ejecutivo, restricciones al espacio cívico, irrespeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, limitaciones al acceso a la información pública, e incluso criminalización de activistas, defensores y defensoras de derechos humanos. El golpe de Estado del 1 de mayo contra el máximo Intérprete de la Constitución salvadoreña -tribunal constitucional en toda regla- busca consumar un proyecto autoritario en el que todos los poderes respondan a una sola persona.

Nuestras organizaciones, y la casi unánime opinión de la comunidad internacional, consideran que mientras las personas ilegalmente designadas el 1 de mayo como magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General de la República ocupen ilegítimamente esos cargos, permanecerá la violación al orden constitucional y al principio de separación de poderes. Pero también consideramos que aún puede corregirse esta situación y restaurarse el orden democrático, aunque para ello es fundamental la pronta acción de la comunidad internacional. Lo que está ocurriendo en nuestro país debe ser atendido con toda la urgencia que demanda, antes de que sus efectos en nuestra democracia y en los derechos humanos de la población salvadoreña sean irreversibles.

A partir de lo antes expuesto, y dada la gravedad de lo que ocurre en el país, de la manera más respetuosa pero enfática le solicitamos que, en su calidad de Secretario General:

1. Convoque al Consejo Permanente de la OEA para activar el procedimiento previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática lnteramericana, por la grave afectación al orden democrático en El Salvador. 2. Dé continuidad a la Misión Especial, presidida por el Dr. Santiago Cantón e Instalada en febrero del corriente año a solicitud del Gobierno de El Salvador y la Asamblea Legislativa salvadoreña, con el fin de actualizar su diagnóstico de la situación, tomando en cuenta los hechos del 1 de mayo y sus efectos y, de ser necesario, evaluar in situ la actual situación político-institucional, en la que se aseguren reuniones con distintos sectores de la sociedad civil salvadoreña y que puedan incorporarse otras recomendaciones al Informe divulgado el 2 mayo pasado.

Señor Secretario General, a El Salvador le ha costado muchas vidas humanas construir, fortalecer y desarrollar la democracia y por ello no podemos permitirnos una actitud pasiva ante el riesgo claro que ésta desaparezca y que, con ella, desaparezca la libertad y los derechos de la población salvadoreña. Tampoco la organización que usted representa debe permanecer distante ante el peligro cierto e Inminente de perder la democracia en una nación más de este continente.

Como ciudadanía y organizaciones comprometidas con el respeto al Estado de derecho, el fortalecimiento de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción e impunidad, agradecemos la atención urgente que se brinde a nuestra solicitud.

Atentamente,

ACCIÓN CIUDADANA, ANEP, CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS, CRISTOSAL, FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO, FUNDACIÓN DTJ, FESPAD, FUDECEN, FUDECSO, FUNDE CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, FUSADES, FUTURO ABIERTO, ICEFI, INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONSTITUCIONAL SECCIÓN EL SALVADOR, LIBRES, MENTES JÓVENES, MODES, NI UNA MENOS EL SALVADOR, RACDES, SALVADOREÑAS CONSTRUYENDO MEMORIA, TRACODA, TUTELA LEGAL, UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMÉON CAÑAS, YOUTH INTO ACTION