25 May No a la persecución penal con fines políticos

San Salvador, 25 de mayo de 2021

Las organizaciones abajo firmantes, a la opinión pública expresamos:

En una sociedad democrática existe el derecho a disentir y criticar la gestión gubernamental. Quienes ejerzan tal derecho no deben ser sujetos a represalias de ningún tipo.

Rechazamos la utilización política de la Fiscalía General de la República para intimidar a personas no afines al gobierno con investigaciones sobre supuestos hechos delictivos.

Utilizar las instituciones estatales con fines de persecución política es un grave atentado contra las garantías constitucionales. Los casos contra Wilson Sandoval (ALAC) y Bertha María DeLeón son claros ejemplos de atentados contra el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.

Es inaceptable que se desvíen recursos estatales para atacar a personas u organizaciones en lugar de utilizarlos para atender el alto nivel de criminalidad que vive el país.

Pedimos a los jueces de la república que tutelen los derechos de las personas que están siendo perseguidas con fines políticos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a que pongan atención a este grave hecho.

Organizaciones firmantes:

ACCIÓN CIUDADANA, CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS, FUSADES, FUNDACIÓN DTJ, FUNDE CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONSTITUCIONAL SECCIÓN EL SALVADOR.