08 Jul Perseguir y acosar a voces críticas al gobierno es persecución política

San Salvador, 08 de julio de 2021

Las instituciones del Estado están siendo manipuladas para callar las voces que exigen el cese de los atropellos a la Constitución y al orden democrático. Estas acciones se han concretado, durante los últimos días, a través de graves agresiones contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, tales como:

• La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha iniciado un proceso sancionatorio contra el jurista Salvador Enrique Anaya Barraza. Claramente se trata de una respuesta arbitraria para intimidarlo y silenciarlo por ser una voz crítica que ha estado denunciando las violaciones a la Constitución y los abusos de poder.

• El Estado salvadoreño ha mantenido una serie de amenazas y difamaciones en contra de Roberto Rubio, Director Ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y representante de Transparencia Internacional en El Salvador, a partir de denuncias por corrupción que realiza en el contexto de la promoción de la transparencia.

• Las autoridades de Migración del Gobierno salvadoreño han expulsado del país al reconocido periodista Daniel Lizárraga, de nacionalidad mexicana, editor general del periódico digital El Faro, medio independiente que ha venido exponiendo actos de corrupción del Gobierno, y para cuyos periodistas la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido medidas cautelares por el acoso constante del que han sido víctimas.

Los hechos antes mencionados no son aislados, se suman a casos previos de acoso en redes sociales a periodistas y activistas; instrumentalización de las facultades de fiscalización tributaria para acosar a medios de comunicación, organizaciones y empresarios; así como amenazas de investigaciones penales a abogadas y activistas que han cuestionado al gobierno y sus acciones autoritarias. Las recientes acciones son una muestra más de la política de persecución, intimidación y acoso por parte del Gobierno de El Salvador, que considera como «enemigos» a sus críticos y a todo aquel que se atreva a cuestionarle y que demande rendición de cuentas.

Si, por un lado, la justicia deja de ser independiente y la misma CSJ actúa para intimidar a quien critica los ataques contra la democracia, no hay esperanza de protección del resto de derechos de cualquier persona; si, por el otro lado, se acosa y se obstaculiza al periodismo, no solo se viola el derecho de los medios a comunicar, sino el de todas las personas a informarse libremente. Por lo anterior:

1. Exigimos a la CSJ, a la Fiscalía General y al Gobierno de El Salvador que respeten la libertad de expresión y se abstengan de toda acción que busque intimidar a la sociedad civil y al periodismo independiente.

2. Llamamos a la comunidad internacional y al Relator Especial de la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, y a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, para que estén atentos por las violaciones a la libertad de expresión en El Salvador.

3. Hacemos un llamado a los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, a que nos unamos y cerremos filas ante estos ataques, que buscan intimidar, disminuir y callar nuestras luchas, mientras el autoritarismo y la corrupción se abren paso cada día con más fuerza en El Salvador.

Sin la posibilidad de garantizar el derecho de acceso a un sistema judicial independiente e íntegro, se vuelve imposible defender todos los demás derechos inherentes a la persona humana.

Organizaciones que suscriben el comunicado:

ACCIÓN CIUDADANA, FUNDACIÓN DTJ, UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMÉON CAÑAS, FUDECSO, ANEP, CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS, FUTURO ABIERTO, FUNDE CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, FUSADES, INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONSTITUCIONAL SECCIÓN EL SALVADOR, VIVA EL SALVADOR.