26 Jul Organizaciones de la sociedad civil entregan carta a diputados de la Asamblea Legislativa solicitando que no aprueben las reformas propuestas a la LAIP que ha planteado el presidente Bukele.

San Salvador, 26 de julio de 2021

Carta entregada por las organizaciones:  ACCIÓN CIUDADANA, ANEP, CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS, CRISTOSAL, FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO, FUNDACIÓN DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA, FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, FUDECSO, FUSADES.

Jefaturas de grupos parlamentarios

Asamblea Legislativa de El Salvador

Presentes.

Honorables diputados y diputadas, reciban un cordial saludo y nuestros deseos para el mejor desempeño de las funciones que a diario realizan.

Sirva la presente para referirnos al reciente proyecto de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública que fue presentado a la Asamblea Legislativa por iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, a través del ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Juan Carlos Bidegain, inicialmente el 07 de julio y posteriormente el 20 de julio de 2021. Estas reformas, de ser aprobadas, eliminarían la eficacia y utilidad de la ley, en detrimento de la transparencia y rendición de cuentas.

La propuesta contiene 11 disposiciones que, de aprobarse, permiten ocultar información pública a la ciudadanía, cerrándole la puerta para conocer el destino y correcto uso de los fondos públicos al dejar abierta la posibilidad de reservar de forma arbitraria la que ahora es información oficiosa. Las reformas declaran de carácter «reservado» la información contenida en los informes de auditoría que realiza la Corte de Cuentas de la República sobre viajes oficiales, contrataciones, listado de personas asesoras de las diferentes dependencias públicas, salarios de los empleados y las empleadas públicas, entre otros.

En el marco de investigaciones de actos de corrupción, las reformas constituyen retrocesos al ocultar de la opinión general las diferentes acciones de funcionarios y funcionarias que malversen o se apropien del dinero de las arcas del Estado.

Igualmente, la institucionalidad democrática que vela por la transparencia y rendición de cuentas estaría recibiendo un duro golpe en su funcionamiento, mismo que afectaría a la ciudadanía, que los fondos públicos – que provienen del pago de los impuestos – no se destinarían para resolver las problemáticas sociales en el país.

No es posible que después de los avances obtenidos con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que obligan a las instituciones estatales a cumplir el principio de máxima publicidad, este esfuerzo enfrente un retroceso eminente y, con ello, se favorezca la opacidad en la gestión pública.

Muy grave es también que la reforma abriría la posibilidad de sancionar a particulares sin determinar claramente las razones, cuando actualmente las sanciones están pensadas para los funcionarios. Esta indeterminación en la redacción del proyecto es tan grande, que podría llevar a que una persona sea sancionada por difundir información que actualmente los funcionarios de manera proactiva están obligados a realizar. Esto desincentiva el uso de la ley y potencialmente amenaza el ejercicio libre del periodismo de investigación.

La ciudadanía merece funcionarios que le representen de forma digna, que ejerzan acciones sobre la mesa y a la luz del día, que administren los fondos públicos favoreciendo el interés general, para que cada día sea mejor la inversión en salud, educación, combate a la pobreza, seguridad social, seguridad previsional, seguridad vial, y el desarrollo de todos y cada uno de los habitantes. Esta es y debe ser la prioridad, ya que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado.

Consecuentes con lo anterior, a través de esta carta solicitamos a ustedes, diputados y diputados de la Asamblea Legislativa, que no aprueben las reformas propuestas a la Ley de Acceso a la Información Pública y procedan a su archivo. Cualquier reforma que se promueva a esta ley debe ser progresiva, a fin de favorecer este derecho y la transparencia en el país, garantizando, además, mecanismos de participación ciudadana.

No retrocedamos en el combate a la corrupción y avancemos en el fomento a la transparencia y rendición de cuentas.