18 Sep Instamos a la comunidad internacional a monitorear de cerca las acciones realizadas por el Estado contra las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo en El Salvador.
Carta abierta a la comunidad internacional
San Salvador, 17 de septiembre de 2021
Las organizaciones de la sociedad civil nacionales y regionales firmantes nos dirigimos a ustedes respetuosamente para hacer de su conocimiento el rompimiento de los compromisos que el presidente de la República adquirió con las organizaciones de la sociedad civil, el pasado 30 de julio, en reunión convocada en Casa Presidencial.
Durante esa reunión, cuya convocatoria tomó por sorpresa a representantes de la sociedad civil por ser el primer y único acercamiento realizado desde Casa Presidencial, se establecieron dos compromisos por parte del presidente: no usar el poder del Estado para perseguir la crítica, es decir, no utilizar el discurso público para atacar o deslegitimar a organizaciones de la sociedad civil y a periodistas; y crear espacios de diálogos temáticos entre ambos sectores (sociedad civil y Gobierno).
A partir de dicho encuentro no ha habido un compromiso real por parte del presidente en el cumplimiento de dichas promesas, sino por el contrario, ha usado sus redes sociales, a instituciones y órganos del Estado para perseguir a críticos de su gobierno y ha ocupado el discurso público para deslegitimar a la sociedad civil y a periodistas. La detención arbitraria hace unos días de Mario Gómez, un especialista en informática y crítico de la imposición del bitcoin; los requerimientos promovidos por diputadas de Nuevas Ideas el pasado 8 de septiembre para que el Ministerio de Hacienda investigue a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) por su calificación de utilidad pública, y la subsiguiente presentación de un aviso penal contra esta misma organización ante la Fiscalía General de la República por la supuesta comisión de los delitos de evasión de impuestos, lavado de dinero y actos arbitrarios; el reciente ataque en Twitter por parte del presidente contra organizaciones de la sociedad civil: Due Process of Law Foundation (DPLF), Cristosal, Washington Office on Latin America (WOLA) y otras, debido a su pronunciamiento del 9 de septiembre de 2021 en defensa de la independencia judicial; y el continuo uso de los medios de comunicación pública (particularmente Diario El Salvador y el Noticiero El Salvador) para difundir ataques y descalificaciones son una muestra de que sigue la persecución y criminalización de organizaciones y críticos sin el mínimo respeto al derecho a pensar distinto o, incluso, informar.
Dichas acciones constituyen una violación del Estado salvadoreño a los compromisos adquiridos, claros ataques a la sociedad civil y evidencian cómo el presidente instrumentaliza el aparato del Estado con la clara intención de deslegitimar a las organizaciones y periodistas ante la opinión pública nacional e internacional, pero sobre todo para callar toda voz crítica a su Gobierno. Este cierre del espacio cívico ocurre en un momento en el cual la democracia y el respeto a los derechos humanos ya se encuentran en serio peligro.
Respetuosamente instamos a la comunidad internacional a condenar dichos ataques, velar por el cumplimiento de los compromisos establecidos por el presidente y monitorear de cerca las acciones realizadas por el Estado contra la sociedad civil y el periodismo en El Salvador.
Carta suscrita por: ACCIÓN CIUDADANA, ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA EMPRESA PRIVADA, CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS, CRISTOSAL, FUNDACIÓN DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA Y JUSTICIA, FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS CIENCIAS SOCIALES, FESPAD, INSTITUTO CENTROAMERICANO DE DERECHOS FISCALES, INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONSTITUCIONAL SECCIÓN EL SALVADOR, UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS, VIVA EL SALVADOR.