08 Jul Acción Ciudadana presenta informe de monitoreo a la probidad en la función pública
San Salvador, 07 de julio de 2022
El informe “monitoreo sobre probidad en la función pública (periodo junio – diciembre 2021)” es un breve estudio en el cual se da seguimiento al comportamiento de los servidores públicos obligados a la presentación de declaraciones juradas de patrimonio a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Acción Ciudadana reconoce la importancia del cumplimiento de esta obligación por parte de funcionarios y empleados públicos de rendir declaraciones juradas de patrimonio como medida de prevención y combate a la corrupción. En este sentido la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia juega un rol central, pues le corresponde por mandato establecidos en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos la verificación de tales declaraciones para determinar indicios de enriquecimiento ilícito de servidores públicos.
En el informe se observa un incremento en los servidores públicos que no han presentado sus declaraciones juradas de patrimonio en el período observado.
Además, en el informe se advierten dificultades en el cumplimiento de las funciones de la Sección de Probidad, por ejemplo, se han reportado a diciembre de 2021 un total de 517 expedientes activos en los que se sospecha enriquecimiento ilícito, de los cuales el 61.5% ya ha cumplido el plazo de 10 años desde el cese de funciones del servidor público, por lo que se entiende que la acción civil ha prescrito en tales casos.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia tarda aproximadamente 5 años desde el cese de funciones del servidor público en iniciar un expediente por sospecha de enriquecimiento ilícito.
En comparación con otros entes de la región, El Salvador presenta altos niveles de incumplimiento en la presentación de declaraciones de patrimonio y bajos niveles en cuanto a procedimientos sancionadores y multas impuestas.
En el ámbito de cumplimiento de la obligación por parte de los funcionarios y empleados públicos de presentar su declaración de patrimonio, su no presentación representa graves riesgos de corrupción. Este riesgo se evidencia en:
- Alto nivel de incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas de patrimonio.
- Limitada capacidad operativa de la Sección de Probidad.
- Notables retrasos en la verificación de declaraciones.
- Las sanciones no representan un disuasivo para rendir declaraciones.
- Dificultades para verificar enriquecimiento con criptoactivos.
Por tal razón, Acción Ciudadana coloca una bandera roja por los riesgos que implican estos incumplimientos.
El informe está disponible haciendo click aquí.
Video de la presentación del informe:
Audio podcast de la presentación del informe:
Comunicado de prensa:
