22 Oct Acción Ciudadana insta a la ciudadanía a exigirle a las instituciones públicas que respeten su derecho de acceso a la información

Graves retrocesos en transparencia de partidos políticos

San Salvador, 21 de octubre de 2022

Ante la resolución pronunciada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la apelación NUE 38-A-2021 contra el TSE, en el que se declara incompetente de conocer casos que involucran información de partidos políticos, expresamos:

• En 2016, el IAIP reconoció que el criterio de máxima publicidad era aplicable a la información financiera de los partidos políticos que estuviera en poder de los entes obligados al cumplimiento de la LAIP, específicamente la relativa a los donantes que se reportan al Ministerio de Hacienda.
• Al TSE se le requirieron datos financieros de los partidos FMLN, GANA y NUEVAS IDEAS, información que estaba en su posesión, siéndole entonces aplicable la LAIP por ser información pública en poder de un ente obligado (art. 2 LAIP). Por tanto, el IAIP era competente para conocer la apelación NUE 38-A-2021, ya que no violentaba el principio de legalidad ni de especificidad.
• Resulta grave que el IAIP se declare incompetente de conocer este y futuros casos relativos a información de partidos políticos, sin importar que esta se encuentre en poder de entes obligados por la LAIP, creando una zona exenta de control.
• Es preocupante que un ente de control se auto establezca límites extralegales a su propia competencia. Este es un negativo precedente que podría aplicarse a otras materias, en favor de la opacidad con que actualmente se maneja la cosa pública.
• Vemos con preocupación que más instituciones adopten o se sumen a este patrón regresivo de utilizar procesos judiciales y administrativos para anular algunos avances democráticos y de transparencia experimentados por el país en los últimos años. Un caso similar es la reelección presidencial.
• Frente a lo anterior, Acción Ciudadana insta a la ciudadanía a exigirle a las instituciones públicas que respeten su derecho de acceso a la información, recordando que su correcto ejercicio es condición necesaria para el combate de la corrupción.