15 Abr Acción Ciudadana presenta un estudio en el que analiza las asignaciones presupuestarias para las instituciones de control para el ejercicio fiscal 2023
San Salvador, 14 de abril de 2023
Acción Ciudadana presentó el viernes 14 de abril el informe: «Asignación presupuestaria de instituciones de control 2023», informe que contiene el seguimiento que Acción Ciudadana realiza sobre la materia desde el ejercicio fiscal de 2015, con énfasis en la Ley del Presupuesto General de la Nación aprobada para 2023.
Al igual que en estudios anteriores las instituciones observadas fueron el Órgano Judicial, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Tribunal de Ética Gubernamental, Corte de Cuentas de la República y el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Se destaca un bajo nivel de transparencia en el proceso de formulación de los proyectos de presupuesto de cada ente, solo el TEG, la PDDH y la PGR dieron acceso a la mayor parte de la información solicitada (80%) y ningún ente proporcionó un plan operativo para el ejercicio 2023, en tal sentido no hay evidencia de que en la formulación del presupuesto se haya considerado la planificación de cada institución.
Todas las instituciones observadas recibirán un presupuesto superior al del ejercicio anterior, sin embargo, en los casos en que se ha hecho pública la necesidad presupuestaria, las asignaciones establecidas siguen estando por debajo de los requerimientos para el funcionamiento optimo, por ejemplo, FGR tiene disponible el 59% de fondos que necesita, mientras que PGR funcionará con el 84%, únicamente el IAIP recibió una asignación superior a la necesidad expresada.
En el caso de la FGR llama la atención que tratándose de un ente con un rol protagónico en a la actual coyuntura de régimen de excepción reciba una asignación inferior a la de otros entes involucrados en las labores de seguridad pública, en total la FGR recibirá un 13% de la inversión pública en materia de seguridad, lo que equivale al 1.45% del PGN, una asignación similar a la observada en años anteriores. En tal sentido se aprecia que las prioridades gubernamentales en materia de seguridad no se orientan a reforzar la investigación del delito.
La distribución de los presupuestos se orienta a la subsistencia de las instituciones, el rubro que mayor inversión recibe es el gasto corriente y en particular las remuneraciones, dejando poco espacio para medidas de innovación o para reforzar la labor de control desde la aplicación de nuevas tecnologías.
El informe está disponible haciendo click aquí.
Presentación del informe:
Informe en formato e-paper: