21 Sep Gestión de intereses
20 de septiembre de 2019
Por: Eduardo Escobar (director ejecutivo de Acción Ciudadana)
Para iniciar, quiero agradecer a Diario El Mundo por darme la oportunidad de contribuir con mi opinión a la discusión de los temas nacionales relacionados al Estado de derecho, la democracia, el combate de la corrupción y la transparencia.
Como primer tema abordaré la gestión de intereses o actividades de lobby. Debe reconocerse que la realidad social nos exhibe una multiplicidad de intereses legítimos e ilegítimos en mutua convivencia; así, los intereses de tipo político, conviven con los económicos, religiosos, entre otros. Resulta entonces entendible que esta gama de intereses busque las formas de conservarse, potenciarse y expandirse, hasta el punto de hacerse prevalecer sobre el resto.
Para lograr lo anterior, los grupos que ostentan estos intereses deben realizar toda una serie de gestiones a modo de obtener una posición que les permita influir en el proceso de adopción de las decisiones vinculantes (Leyes, políticas públicas, sentencias, etc.), buscando que estas les sean favorables, o, al menos, no tan perjudiciales. Esto es lo que se conoce como la gestión de intereses o actividades de lobby.
Dentro de la lógica del sistema democrático, es legítimo, y hasta saludable para el sistema, que los distintos intereses participen en el proceso decisorio que se da a nivel de Estado. No obstante, esta dinámica se vuelve problemática cuando la gestión de los intereses carece de transparencia, cuando se gestionan intereses ilícitos o ilegítimos, cuando se anteponen los intereses particulares a los colectivos o cuando se instrumentaliza el Estado en función de dichos intereses.
En la gestión de intereses se puede identificar a los actores involucrados: 1) Un sector con intereses, 2) Gestores de intereses, que pueden ser personas naturales o jurídicas que de forma remunerada o no, se encargan de hacer el cabildeo, 3) Tomadores de decisión, es decir, todo alto funcionario con capacidad de decisión.
El ordenamiento jurídico salvadoreño no contiene regulaciones sobre la gestión de intereses, ni existe normativa para los gestores de intereses. En ese sentido, actualmente el nivel de transparencia de todas estas gestiones es nulo; la ciudadanía desconoce la existencia de las gestiones, no se conoce qué intereses se gestionan, ni quiénes gestionan esos intereses y con cuáles funcionarios hacen esas gestiones.
Por esa razón, Acción Ciudadana presentó en marzo de 2019 la Agenda Mínima de Reforma Democrática y contra la Corrupción, dentro de la cual se destaca la propuesta de aprobar regulaciones para las actividades de lobby. La incidencia de nuestra organización en este tema se ha desarrollado en dos ámbitos: Primero, se solicitó información de las agendas de reuniones o audiencias concedidas y realizados por los diputados de la Asamblea Legislativa, indicando el objeto de la reunión, los sectores que asistieron, quién gestionó la reunión, entre otros datos. El segundo aspecto de incidencia fue la presentación de una reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública a efecto de convertir esta información en oficiosa, iniciativa respaldada por el diputado Leonardo Bonilla.
La solicitud de información dirigida a la Asamblea Legislativa no fue resuelta de forma satisfactoria, lo que obligó a litigar ante el IAIP para obtener dichos datos. El IAIP resolvió que la información de las agendas de reuniones o audiencias concedidas y realizados por los diputados de la Asamblea Legislativa es pública, y, por tanto, debe estar a disposición de la ciudadanía. En esta importante resolución se encuentra la exhortación del IAIP a la Asamblea Legislativa para que apruebe regulaciones para las actividades de lobby o gestión de intereses.
La Asamblea Legislativa entregó su respuesta a nuestra solicitud para cumplir con la resolución del IAIP. La sorpresa fue que solo un diputado, Leonardo Bonilla, entregó información sobre sus reuniones y audiencias concedidas, indicando objeto de las mismas y los asistentes. Es imposible aceptar que los diputados no lleven un registro de las audiencias que conceden o de las reuniones en las que participan.
Para concluir, vale señalar que, de ahora en adelante, todo funcionario debe contar con un registro de las audiencias que conceda y de las reuniones en las que participe, información que debe hacer pública.
Por Eduardo Escobar ,@esec76, Abogado y miembro de Acción Ciudadana (@CiudadanaAccio1).