06 May Condenamos ataques a la libertad de expresión y a la ciudadanía

San Salvador, 05 de mayo de 2021

Ante los ataques contra Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anti corrupción (ALAC) del Capítulo Nacional de Transparencia Internacional en El Salvador, así como contra otros defensores de derechos humanos, periodistas y otros ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, expresamos:

1. La criminalización -mediante denuncias penales infundadas- de las opiniones públicas contra las decisiones y acciones ilegítimas del gobierno y los diputados oficialistas es una evidente estrategia para acallar todo escrutinio o crítica desde la sociedad civil. Se trata de un burdo artificio para reprimir la protesta y la denuncia ante los abusos autoritarios del gobierno y sus diputados, instrumentalizando para ello a la Fiscalía General de la República impuesta por el Ejecutivo.
2. Estos recientes ataques además has sido amplificados por el presidente de la República, otros funcionarios de gobierno, diputados oficialistas y afines al gobierno, así como por medios digitales al servicio del gobierno. Los ataques están claramente dirigidos contra personas y organizaciones que discrepan de las recientes decisiones y actuaciones antidemocráticas del gobierno del presidente Bukele, las cuales han recibido la más unánime condena global. Además, junto a ellos se activa un patrón de acoso digital a cualquiera que exprese en redes sociales una opinión contraria al gobierno.
3. Promover el acoso y denigrar ciudadanos e incluso criminalizar el ejercicio del derecho de libertad de expresión para callar las denuncias de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas es un frontal ataque a los derechos humanos y la negación de la vida democrática en El Salvador.
4. El gobierno y sus funcionarios deben recordar que el ejercicio de la libertad de expresión es reconocido en el artículo 6 de nuestra Constitución y también recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos del derecho internacional de los cuales El Salvador es parte.
5. Los funcionarios públicos -incluyendo a los diputados de la Asamblea Legislativa- deben además recordar que el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que: «Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad». De igual manera lo ha establecido la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CortelDH).
6. Hacemos un llamado urgente a la CIDH, a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y a toda la comunidad internacional para que señalen estos ataques contra la ciudadanía y los miembros de organizaciones de sociedad civil que además suponen la anulación total de la controlaría ciudadana en El Salvador y la vulneración de tratados internacionales para la protección de derechos humanos.
7. Demandamos al presidente de la República y a todos los funcionarios y diputados oficialistas el cese inmediato de estos ataques, el respeto a la integridad personal de Wilson Sandoval y de todos los demás ciudadanos críticos de sus decisiones y la garantía del derecho a expresar libremente el pensamiento aun cuando este les sea incómodo.

(Comunicado de prensa de las organizaciones: ACCIÓN CIUDADANA, ANEP, ALIADOS POR LA DEMOCRACIA, ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE EL SALVADOR, CECADE, CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS, COALICIÓN CIUDADANA POR EL SALVADOR, CRISTOSAL, FUNDACIÓN DTJ, FORO CIUDADANO DE LAS AMÉRICAS, FUDECSO, FUNDE CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, FUSADES, FUTURO ABIERTO, INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONSTITUCIONAL SECCIÓN EL SALVADOR, MENTES JÓVENES, MODES, EQUIPO IMPULSOR POR LA REFORMA A LA FUNCIÓN PÚBLICA)