06 Sep Comunicado de prensa de organizaciones de la sociedad civil respecto al proceso de elección de magistrados de la CCR

San Salvador, 6 de septiembre de 2017.

El pasado 28 de agosto la Asamblea Legislativa, con 59 votos, eligió a nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), tres propietarios, incluyendo su presidenta, y por primera vez se elige a los dos magistrados suplentes que establece la ley orgánica de dicha institución.

En los últimos años, la Sala de lo Constitucional de le la Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional l nombramiento de magistrados de la CCR en cuatro ocasiones y ha definido ciertos parámetros para dichos nombramientos, sin embargo, las recientes elecciones incumplen la jurisprudencia establecida en la sentencia de inconstitucional 49-2011, en la cual se indica que la «independencia, imparcialidad y transparencia por parte de los funcionarios electos en los Órganos o entidades donde ejercen potestades públicas y cuya finalidad esencial es la fiscalización de la Hacienda Pública y el presupuesto, es imperativo que aquellos no tengan ninguna afiliación partidaria, pues la existencia de tal vinculación podría significar un obstáculo para la realización del interés general implícito en su principal función, ya sea por favorecer a las entidades de sus mismos partidos o ejercer deficientemente las competencias que se atribuyen». Además, manda a la Asamblea Legislativa a que más allá de simplemente requerir solvencias, que en el proceso se logre «evidenciar la adecuación del perfil del candidato electo con las funciones y atribuciones propias del cargo a desempeñar», para asegurar la competencia y moralidad notoria del funcionario.

La elección del 28 de agosto se da tras un proceso cuestionado por un retraso de más de tres semanas, por «remedios» de entrevistas a los candidatos realizadas por una comisión especial de la Asamblea Legislativa y por negociaciones oscuras que resultaron en la selección de personas on evidentes vínculos partidarios. Nuevamente la Asamblea Legislativa falló al no fundamentar que los nuevos magistrados fuera electos bajo criterios de idoneidad e independencia. En particular, preocupa que uno de los magistrados electos renunciara a un partido políticos antes de presentar su candidatura para la CCR. En 2013, en una resolución de seguimiento a la sentencia citada, la Sala de lo Constitucional se pronunció sobre un supuesto casi idéntico en el cual manifestó: «Este acto de renuncia, si bien postula una apariencia de cumplimiento formal o simulado de uno de los parámetros establecidos en la sentencia 49-2011 (el no tener afiliación partidaria), tiene el efecto pernicioso de poner en riesgo la independencia de la CCR, principio que la «regla de no afiliación partidaria» pretende optimizar, por lo que dejó sin efecto ese nombramiento. Ahora bien, los vicios del proceso recaen sobre la elección de todos los magistrados y no únicamente sobre este notorio intento de fraude a la ley.

Ante estos hechos, como organizaciones de la sociedad civil preocupadas por la transparencia y el Estado de Derecho, nos unimos para hacer las siguientes consideraciones:

• La CCR tiene la función de controlar el buen uso de los fondos públicos, es importante garantizar que los funcionarios dirigen este entidad sean capaces, independientes y comprometidos con la promoción de la transparencia y el combate a la corrupción. Adicionalmente, la elección por mayoría simple de los magistrados que la integran, ha facilitado el control político de la institución, el que históricamente no ha contribuido a la eficacia de esta institución; como organizaciones rechazamos este tipo de elecciones que no hacen más que reproducir esquemas de opacidad y control político del ente fiscalizados del Estado.
• La Asamblea Legislativa debe tomar en serio la responsabilidad de realizar elecciones de segundo grado transparentes, tomando en cuenta la idoneidad, competencia y moralidad notoria de las personas postulantes a un cargo, considerando funciones y atribuciones particulares, sobre todo ante las próximas elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia . En este sentido, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional debe respetarse para evitar futuras inconstitucionalidades en los nombramientos.
• La ciudadanía debe permanecer atenta a las acciones de los diputados, pues con su voto el próximo año, pueden premiar a quien represente adecuadamente sus intereses y castigar a quienes utilizan sea posición adecuadamente.

Organizaciones que suscriben el comunicado: ACCIÓN CIUDADANA, CONSORCIO POR LA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (FUNDE, FUNDACIÓN DTJ, FUSADES, CEJ, TECHO), UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA, JOVENES EN ACCIÓN POLÍTICA, CENSURA CERO, IIDC, GRAN CORRUPCIÓN EL CANCER DE EL SALVADOR, ASOCIACIÓN JUVENIL CEDROS, TRACODA, ASJ EL SALVADOR, SOLUCIONES, CREO, PROYECTO CERO, DE 5 EN 5, DNG, JUVENTUDES EN POLÍTICA, DECIDE, MOVIMIENTO CIUDADANO DEMOCRACIA LIMPIA, S.O.C.I.O