07 May ¡No más corrupción y burla al clamor ciudadano!
San Salvador, 07 de mayo de 2016
Ante los últimos acontecimientos, Acción Ciudadana, Proyecto Cero, Concertación Democrática Nacional y De5en5 condenamos enérgicamente que alcaldes, diputados, y funcionarios públicos, sean de elección popular o no y del partido político que sea, negocien con los delincuentes que mantienen en zozobra a los salvadoreños. Pactar con ellos oscuros privilegios al margen de la legalidad no solo es una ofensa a los miles de víctimas de sus delitos, sino también una burla al mandato que la ciudadanía les ha otorgado.
Los dirigentes políticos actuales, en sus ansias por lograr victorias electorales y otros desleales beneficios, se vuelven cómplices de la grave situación que vive el país y, al actuar de esa manera, también son responsable de que no cesen las muertes y demás crímenes que se cometen a diario.
Los ciudadanos ya no queremos más políticos cuyo único interés sea ganar las elecciones o servirse del poder, incluso a costa de nuestra propia seguridad. No se vale negociar con nuestra integridad física ni se vale transar con la legalidad a espaldas de la ciudadanía. Nadie puede hacer de los derechos fundamentales ni del Estado de derecho cartas de negociación.
Por lo tanto, como ciudadanos exigimos lo que en una democracia es lo normal y lo más conveniente para el país:
1. Que los funcionarios que hayan realizado este tipo de actos dimitan de sus cargos y que los partidos rindan cuentas y condenen dichos actos en lugar de justificarlos.
2. Que se investiguen el posible uso de fondos públicos para financiar actividades de organizaciones criminales, así como el financiamiento electoral con dinero de agrupaciones ilícitas y el uso de recursos estatales para conceder cualquier beneficio a las bandas criminales.
3. Que cese toda acción de los partidos políticos y del gobierno, que conceda legitimidad o protagonismo político a las bandas delincuenciales y que, por el contrario, en el más estricto respecto a la legalidad, atiendan el mandato de la ciudadanía de enfrentar con urgencia la crisis de inseguridad con políticas públicas integrales, decididas, transparentes y adecuadamente financiadas.
No más corrupción y burla al clamor ciudadano.