14 Oct Comunicado de prensa: Nuestro sistema republicano tiene a la base el cumplimiento de las leyes y resoluciones judiciales, así como el respeto a la independencia y separación de poderes.

Comunicado de prensa de Acción Ciudadana:

Nuestro sistema republicano tiene a la base el cumplimiento de las leyes y resoluciones judiciales, así como el respeto a la independencia y separación de poderes.

14 de octubre de 2020

Ante la manifiesta e inaceptable desobediencia del Órgano Ejecutivo a la decisión judicial que ordena la realización de una diligencia en los archivos militares, a la opinión pública EXPRESAMOS:

1) Nuestro sistema republicano tiene a la base el cumplimiento de las leyes y resoluciones judiciales, así como el respeto a la independencia y separación de poderes.

2) En cuanto a las decisiones judiciales, se advierte que estas son de obligatorio cumplimiento y ningún órgano tiene la potestad para decidir su cumplimiento o no.

3) En sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Sala de lo Constitucional, se reconoce la inaplazable obligación estatal de investigar y juzgar los delitos cometidos por agentes estatales en “El Mozote”, debiendo a la vez garantizar a las víctimas el derecho a la verdad y la debida reparación.

4) Que la negativa del gobierno a permitir la realización de la diligencia judicial, aparte de significar una punible desobediencia, es una afrenta a la dignidad de las víctimas, y niega el derecho de la colectividad a conocer la verdad.

5) Como organización reconocemos la actitud del juez de la causa para diligenciarlo, y lo instamos a mantenerse firme, preservar la legalidad y certificar esta desobediencia a la Fiscalía General de la República.

6) Pedimos a la Fiscalía General de la República que inicie la respectiva investigación para determinar responsabilidades por esta desobediencia y proceda conforme a la ley.

7) Hacemos un llamado al presidente y demás funcionarios del Órgano Ejecutivo a que sometan a las decisiones judiciales.

8) Esta desobediencia sienta un mal precedente para la construcción y el desarrollo del Estado de derecho en el país, por eso deben deducirse responsabilidades de todo tipo para los funcionarios infractores, tanto a nivel nacional como internacional.