19 Abr Acción Ciudadana hace un llamado a la Sala de lo Constitucional y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a que continúen con más intensidad cumpliendo el rol de tutela de los derechos fundamentales ante cualquier abuso de las autoridades

08 de abril de 2020

Ante la pandemia del COVID-19, como organización de la sociedad civil somos conscientes de la urgente necesidad de adoptar las medidas pertinentes para preservar la vida y salud de la población salvadoreña, y así evitar el colapso del sistema público de salud.

Hemos señalado que las medidas que se adopten deben ser proporcionales y razonables, respetando los derechos fundamentales, la Constitución, las leyes de la República y las reglas democráticas. No hay contradicción entre la adopción de las medidas sanitarias y el respeto al Estado de derecho; es que no son antagónicas las acciones para preservar la salud de la población y la preservación de los derechos individuales de la población.

En ese sentido, nos preocupan las declaraciones del presidente de la República, pues abiertamente expuso que en este momento no es importante la constitucionalidad de las medidas que se tomen, y que, si es necesario, podrían violentarse derechos de las personas con tal de evitar la propagación de la enfermedad, particularmente de aquellas que sean encontradas fuera de sus hogares. Esa alocución del presidente abre la puerta al cometimiento de arbitrariedades. Es necesario recalcar que la emergencia no habilita a las autoridades a que den tratos crueles o degradantes a las personas.

En varias resoluciones, la Sala de lo Constitucional estableció importantes criterios sobre el proceder de las autoridades cuando detengan a personas que se encuentran fuera de sus hogares, destacándose que no se puede presumir que una persona está contagiada y, por tanto, ser enviada a un centro de contención, sin habérsele comprobado objetivamente que padece la enfermedad o que estuvo en riesgo de contagio. Un proceder contrario se constituye en una detención ilegal.
En razón de lo anterior, EXHORTAMOS:

• Al presidente de la República a que abandone el discurso que coloca el respeto del Estado de derecho como un obstáculo para combatir el COVID-19.
• A los Ministros de Seguridad Pública y Defensa, así como al Director de la PNC, a que emitan o hagan cumplir los protocolos de actuación ante las detenciones de presuntos infractores de la cuarentena y cumplan lo dispuesto por la Sala de lo Constitucional al respecto. Es necesario que prevengan la discrecionalidad de sus elementos para hacer cumplir la cuarentena.
• A la Sala de lo Constitucional y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a que continúen con más intensidad cumpliendo el rol de tutela de los derechos fundamentales ante cualquier abuso de las autoridades.