07 Dic Diagnóstico del estado de la transparencia y la lucha contra la corrupción en El Salvador 2021

San Salvador, lunes 06 de diciembre de 2021

Documento elaborado por: Consorcio por la Transparencia, Acción Ciudadana, Cristosal, ICEFI, IIDC sección El Salvador, UCA

Contexto:

El 2021 ha sido un año de graves retrocesos, no solo en materia de transparencia y lucha contra corrupción sino también en desmantelamiento democrático. La destitución inconstitucional de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República, el 1 de mayo de 2021, pone de manifiesto dichos retrocesos, afectando seriamente el sistema de frenos y contrapesos, la independencia judicial y la garantía de los derechos de todas las personas, así como el incipiente sistema de transparencia y lucha contra la corrupción de El Salvador.

La transparencia y el derecho de acceso a la información pública se han visto cada vez más debilitados y persisten los abusos en las declaratorias de reserva de información en las instituciones del Estado. Ejemplo de ello, es que el Ministerio de Salud puso en reserva el Plan Nacional de Salud, el Plan Nacional de Despliegue de Vacunación por COVID-19 y los procesos de adquisición de las vacunas contra COVID-19.(1) Por su parte, la Asamblea Legislativa reservó los itinerarios de vuelos de las Misiones Oficiales, los procesos de compras públicas y los expedientes sobre elecciones de segundo grado(2).

Preocupa que desde la Asamblea Legislativa, a petición del Ejecutivo, se promueva la aprobación de normativas arbitrarias que propician la impunidad, la opacidad y/o facilitan el cometimientos de acciones ilícitas, como por ejemplo: la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública ocasionados por la Pandemia de COVID-19(3), la Ley Bitcoin para la implementación de este cripto activo como moneda de curso legal(4)4, así como las reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República(5). También es alarmante la promoción de propuestas que atentan contra derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, así como los derechos de acceso a la información, de manifestación y de asociación.

ALGUNOS INDICADORES INTERNACIONALES

• ESTADO DE DERECHO. El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (2021), muestra a El Salvador con un puntaje global de 0.48 (donde 1 es el mayor puntaje y 0 el menor). El índice mide 8 factores, entre ellos la ausencia de corrupción y el gobierno abierto: en el primero de ellos, el país obtuvo 0.36 y en el segundo 0.51(6). Los resultados reflejan debilitamiento del Estado de Derecho, e importantes retos en materia de lucha contra la corrupción y transparencia.
• PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN. El Salvador obtuvo un puntaje de 36/100 (donde 0 indica mayor nivel de corrupción y 100 mayor transparencia) en la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (2020)(7). El país se encuentra reprobado en dicho Índice, lo que significa que existe una alta percepción de corrupción y que la lucha contra este fenómeno debe ser más efectiva.
• LIBERTAD DE PRENSA. El Índice Mundial de Libertad de Prensa 2021, elaborado por Reporteros sin Fronteras, ubica a El Salvador en la posición 82/180, experimentando una caída de 8 puestos respecto de la posición que tenía en el año 2020 (74/180), calificación que lo sitúa en la categoría “problemática”, lo cual implica que se trata de un Estado en el que hay muchos ataques y amenazas en contra de las y los periodistas.
• ESPACIO CÍVICO. El Índice CIVICUS Monitor (2021)(8) señala que El Salvador está catalogado como un Estado obstruido. En el Índice, este tipo de clasificación revela que se trata de un Estado que tiene restricciones prácticas y legales para el disfrute de los derechos fundamentales, además, el Gobierno acosa a las organizaciones de la sociedad civil.

DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES

• ASAMBLEA LEGISLATIVA

Desde la primera plenaria de la Asamblea Legislativa para el período 2021-2024, ha sido evidente la sumisión de este Órgano de Estado a los intereses de la Presidencia de la República, muestra de ello es la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General de la República, sin el debido proceso y bajo ninguna causa legal. En los primeros seis meses de labores se han aprobado 27 proyectos de ley, promovidos desde la presidencia de la República, los cuales se han caracterizado por: a) La falta de discusión parlamentaria; b) El abuso de la dispensa de trámite y c) La aprobación exprés de nuevas leyes o reformas sin transparencia ni participación ciudadana. Asimismo, las elecciones indirectas de funcionarios, conocidas como elecciones de segundo grado, han estado caracterizadas por la opacidad y un falso revestimiento de legalidad.

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ)
  La destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el nombramiento inconstitucional de magistrados para dicha Sala, efectuado el 1° de mayo del 2021, además del nombramiento de cinco personas sin el perfil idóneo para ocupar el cargo de magistraturas de dicha institución en junio pasado, ha tenido como consecuencia la cooptación de este Órgano del Estado. Lo anterior ha conllevado a que se tomen decisiones administrativas y jurisdiccionales de manera arbitraria, como la aplicación de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, el nombramiento de jueces sin un adecuado proceso de selección y con alta opacidad, así como la emisión de resoluciones no apegadas a derecho, irrespetando la Constitución y compromisos internacionales adquiridos por el Estado salvadoreño (por ejemplo, en materia de extradición).
• FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FGR)
  A partir de la destitución inconstitucional del Fiscal General el 1º de mayo de 2021, y el posterior nombramiento ilegal de un nuevo titular en la institución, se han generado una serie de decisiones que ocasionan graves retrocesos en la FGR, como la finalización del Convenio de cooperación con la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador (CICIES)(9). Bajo la gestión del Fiscal impuesto, se han aplicado las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, aprobadas el 31 de agosto del presente año, desvinculando de la institución a 160 fiscales(10), entre los que se encontraba la jefa de la Unidad Anticorrupción que investigaba casos contra funcionarios del actual gobierno.
• CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA (CCR)
  La CCR practicó algunos exámenes especiales a instituciones públicas, para verificar tanto el manejo de los fondos en el marco de la pandemia por COVID-19 como el resto de su gestión. La CCR ha tenido dificultades para llevar a cabo dichos exámenes especiales, ya que algunas de ellas obstaculizaron o no proporcionaron de forma oportuna y completa toda la información para una adecuada fiscalización(11). Asimismo, la CCR junto con organizaciones de la sociedad civil, presentaron a la Asamblea Legislativa propuestas de reformas legales para fortalecer su labor de fiscalización(12), pero éstas no avanzaron en el Órgano Legislativo.
• INSTITUTO DE ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (IAIP)

En 2021 se ha acentuado aún más la falta de autonomía e independencia del ente garante del derecho de acceso a la información en el ejercicio de sus funciones. Se ha convertido en una institución irrelevante para la defensa de este derecho fundamental y los intereses de la ciudadanía. Muestra de ello es la suspensión del proceso de evaluación del desempeño de los entes obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública(13) y por ende la elaboración de un informe que permite conocer los avances y retos que tienen las instituciones para cumplir con sus deberes de transparencia activa y de gestión documental y de archivos.

• TRIBUNAL DE ETICA GUBERNAMENTAL (TEG)
  Como en años anteriores, persiste la falta de un rol contundente para velar y garantizar la ética pública. A pesar de estar investigando casos de posibles vulneraciones a la ética, su rol es pasivo y continúan sin sentar precedentes importantes en defensa o promoción de la integridad pública en el país.

LIBERTADES FUNDAMENTALES BAJO AMENAZA

AMENAZAS A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN:

• Discursos de odio en contra de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la promoción de transparencia, fortalecimiento de la democracia y defensa de los derechos humanos, entre otros.

• Acciones para atacar la sostenibilidad económica de organizaciones de la sociedad civil, como el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros presentada por el presidente de la República.

• Criminalización y estigmatización a activistas, defensores de derechos humanos, medios de comunicación y periodistas, así como organizaciones de la sociedad civil y sus representantes.

AMENAZAS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN:

• Acoso y persecución a periodistas por parte de autoridades gubernamentales a raíz del ejercicio periodístico.

• Detenciones arbitrarias e ilegales a activistas digitales, defensores de derechos humanos y ambientales por sus declaraciones en contra de las políticas abusivas emitidas por el gobierno.

• Restricción para buscar, a recibir y difundir información de interés de la ciudadanía, y a ser debidamente informado.

AMENAZAS A LOS DERECHOS DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:

Falta de garantías para el respeto a la privacidad y a la protección de datos personales de la ciudadanía por parte del Estado y su seguridad digital.

CONCLUSIONES GENERALES

La transparencia y el combate a la corrupción han sufrido graves retrocesos y no se vislumbra voluntad política para impulsar cambios que permitan enfrentar estos desafíos.

• Se ha deteriorado el sistema de frenos y contrapesos ante la cooptación de las instituciones de control. Esto ha incrementado abusos de poder y violaciones a derechos fundamentales.

• Se ha reducido el espacio cívico, así como el diálogo entre actores estatales con otros sectores de la sociedad, para la discusión y creación de normativas o políticas públicas que afectan directamente la calidad de vida de la población. • Se han incrementado las vulneraciones a los derechos de asociación, expresión, prensa, acceso a información, privacidad y protección de datos personales, entre otros.

• En materia de acceso a la información es preocupante el abuso de las declaratorias de reserva de información, la falta de transparencia en el uso de recursos públicos y el desmantelamiento y servilismo del ente garante de este derecho, entre otras instituciones de control.

• Notas:

1. Índice de información reservada del MINSAL, a octubre de 2021, consultado el 18/11/2021. Disponible en:
   https://www.transparencia.gob.sv/institutions/minsal/documents/indice-de-informacion-reservada
2. Índice de información reservada de la Asamblea Legislativa, julio a diciembre de 2021, consultado el 18/11/2021. Disponible en:
   https://transparencia.asamblea.gob.sv/documentacion-transparencia/indice-de-informacion-reservada-a-septiembre-2021
3. Romero, C.Aprueban ley que otorga inmunidad por las compras irregulares en pandemia. Nota obtenida de salud con lupa, de fecha 05/05/2021, consultada el
   18/11/2021. Disponible en: https://saludconlupa.com/noticias/el-salvador-aprueban-ley-que-otorga-inmunidad-por-las-compras-irregulares-en-pandemia/
4. Infobae. Opacidad y robo de identidad, la otra cara del bitcoin en El Salvador. Nota obtenida de Infobae, de fecha 17/11/2021, consultada el 18/11/2021. Disponible en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/11/17/opacidad-y-robo-de-identidad-la-otra-cara-del-bitcoin-en-el-salvador/
5. DPLF. Reformas a Ley de la Carrera Judicial y Ley Orgánica de la FGR obstaculizan la persecución de crímenes de la guerra civil. Comunicado de DPLF del 08/09/2021, consultado el 18/11/2021. Disponible en: http://www.dplf.org/es/news/reformas-ley-de-la-carrera-judicial-y-ley-organica-de-la-fgr-obstaculizan-la-persecucion-de
6. World Justice Project (2021). Rule of Law Index 2021. Disponible en: https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2021
7. Transparency International (2021). CPI 2020: resumen global. Disponible en: https://www.transparency.org/es/news/cpi-2020-global-highlights
8. CIVICUS Monitor (2021) Son monitoreados 196 países, y las clasificaciones de espacio cívico nacional son: 42 abiertas, 40 estrechas, 46 obstruidas, 45 reprimidas y 23 cerradas. El Salvador se encuentra en la clasificación de “obstruidas”. Acceso disponible en el enlace: www.monitor.civicus.org
9. La prensa internacional dio cobertura al rompimiento de esta cooperación, https://www.dw.com/es/el-salvador-fiscal%C3%ADa-finaliza-acuerdo-con-cicies-de-la-oea/a-57785187
10.  La Fiscalía no ha sido transparente respecto a la aplicación de los retiros de fiscales, basados en criterios de edad y tiempo de servicio, según reportaje de El Diario de Hoy, disponible en: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/fiscalia-general-300-despedidos-no-afines/891986/2021/
11. Pacheco, M. BCR y Hacienda limitan trabajo de auditores de Corte de Cuentas. Nota de prensa de LPG del 14/05/2021, consultada el 18/11/2021. Disponible en: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/BCR-y-Hacienda-limitan-trabajo-de-auditores-de-Corte-de-Cuentas-20210513-0087.html
12. FUSADES (2021) Comentarios a las propuestas de reformas legales para fortalecer la Corte de Cuentas de la República. Análisis legal e institucional No. 211, abril de 2021. Disponible en: https://fusades.org/publicaciones/comentarios-a-las-propuestas-de-reformas-legales-para-fortalecer-la-corte-de-cuentas-de-la-republica
13. Magaña, Y. La evaluación de transparencia cuya publicación fue suspendida. Nota de prensa de Diario El Mundo del 05/04/2021, consultada el 18/11/2021. Disponible en: https://diario.elmundo.sv/la-evaluacion-de-transparencia-cuya-publicacion-fue-suspendida/