11 May Carta Abierta de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña al Enviado Especial para el Triángulo Norte de Centroamérica del gobierno de Estados Unidos, señor Ricardo Zúñiga

11 de mayo de 2021

Excelentísimo señor Enviado Especial: 

En ocasión de su segunda visita a El Salvador, las organizaciones de la sociedad civil suscriptoras agradecemos el enorme interés de su gobierno por acompañar a la sociedad salvadoreña a encontrar una salida legítima a la actual crisis constitucional y política. Estamos también convencidos de que esta crisis no hará sino agravar las causas que históricamente han provocado la migración hacia Estados Unidos e imposibilitará la creación de mejores condiciones de vida para todos los salvadoreños. 

Por este medio planteamos propuestas de solución que a nuestro juicio pueden contribuir a restaurar el orden constitucional roto por las decisiones del presidente Bukele y su bancada legislativa. Hacemos de conocimiento público estas propuestas con el único propósito de evidenciar que nuestro interés es solo el de la defensa de la democracia y las condiciones mínimas para su ejercicio y destacar que, en las actuales circunstancias, El Salvador necesita el apoyo decisivo de la comunidad internacional. 

En evidente connivencia con el presidente de la República, el pasado 1 de mayo la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República. Estas decisiones -que constituyen un verdadero golpe de Estado- fueron hechas sin respeto al procedimiento, a los antecedentes jurisprudenciales y al mínimo de deliberación que la Constitución de El Salvador y los principios democráticos y de separación de poderes exigen. En particular, además, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la decisión legislativa que la había destituido ilegítimamente y, presumiblemente, habría hecho lo mismo con la decisión de destituir al Fiscal General de la República de no haber sido objeto sus integrantes de coacción por agentes gubernamentales. 

Ese golpe contra uno de los órganos fundamentales del Estado provocó una condena unánime de la comunidad internacional, incluyendo la de su gobierno por medio de la señora vicepresidenta, Kamala Harris. 

Las organizaciones suscriptoras estamos convencidas de que una salida a este rompimiento del orden constitucional en El Salvador es posible con el apoyo decidido de los pueblos y Estados que comparten los valores republicanos y democráticos. 

Por ello, con todo respeto, le pedimos que transmita a su gobierno la necesidad de utilizar cuanto antes sus buenos oficios para impulsar una agenda mínima de solución: 

1. Solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos -con la iniciativa de Estados Unidos-, para activar el procedimiento previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Esta petición se vería fortalecida en la medida en que Estados Unidos nombre pronto a un representante ante la Organización de los Estados Americanos y a su embajador en El Salvador. 

2. Solicitar al Estado de El Salvador que se restaure inmediatamente el orden constitucional a las condiciones previas al golpe, a través de la ejecución de al menos las siguientes acciones por parte de la Asamblea Legislativa: 

a. Que rechace las renuncias suscritas por los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República por haberse emitido mediante coacción. 

b. Que reconozca la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 1-2021, emitida en la noche del 1 de mayo de 2021, y que declaró inconstitucional la decisión de destituir a los magistrados. 

c. Que derogue los siguientes decretos legislativos: 

i. Decretos Legislativo No. 3: Mediante el que se nombraron nuevas personas como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

ii. Decreto Legislativo No. 4: Mediante el que se destituyó al Fiscal General de la República. 

iii. Decreto Legislativo No. 5: Mediante el que se nombró a una nueva persona como Fiscal General de la República. 

d. Que realice la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que debe completar en julio de este año cumpliendo con lo ordenado en la Constitución, la jurisprudencia constitucional y los principios de independencia judicial y separación de poderes. 

3. Que una Fiscalía General de la República legítimamente electa deduzca responsabilidades personales de aquellos individuos que gestaron, ejecutaron o acompañaron el golpe de Estado, incluyendo aquellos que ilegítimamente han usurpado los cargos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. 

4. Una vez cumplidas las anteriores condiciones, que la comunidad internacional, a través de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, impulse un mecanismo internacional de verificación en que participe la ciudadanía salvadoreña y mediante el cual puedan instaurarse mecanismos que garanticen que las medidas anteriores no se reviertan mediante distintos medios jurídicos o políticos, incluyendo la aprobación de reformas constitucionales que puedan socavar los cimientos democráticos en El Salvador. 

5. Que Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional intensifique su acompañamiento a El Salvador y al resto del Triángulo Norte de Centroamérica en la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos que enfrentan sus ciudadanías en materia económica, social e institucional. 

Reiteramos que mientras que las personas designadas el 1 de mayo como magistrados de la Sala de lo Constitucional y Fiscal General de la República ocupen inconstitucional e ilegítimamente esos cargos, permanecerá la violación al orden constitucional y al principio de separación de poderes. 

(Carta enviada por las organizaciones: ACCIÓN CIUDADANA, ANEP, CEJ, CRISTOSAL, FUNDACIÓN DTJ, FUSADES, FUNDE CAPÍTULO TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, FUDECSO, FUTURO ABIERRO, IID SECCIÓN EL SALVADOR, TRACODA y DPLF)