24 Mar Organizaciones de la sociedad civil piden que se aprueben las reformas a la Ley de la CCR
Las reformas legales para fortalecer la Corte de Cuentas de la República: Un llamado a promover una mejor fiscalización de los fondos públicos y el combate a la corrupción en El Salvador.
(Comunicado de prensa de las organizaciones: Acción Ciudadana, Fundación Nacional para el Desarrollo, Capítulo El Salvador Transparencia Internacional, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, TRACODA y el Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas)
24 de marzo de 2021
En seguimiento a las propuestas de reformas legales que la Corte de Cuentas de la República junto con representantes de organizaciones de la sociedad civil presentamos el pasado 16 de febrero, ante la Asamblea Legislativa, las organizaciones que conformamos el Observatorio Ciudadano de la Corte de Cuentas de la República (OCCCR) y la Mesa Técnica para el Fortalecimiento de la Corte de Cuentas, hacemos un atento y respetuoso llamado a las diferentes fracciones legislativas y, en particular, a los diputados y diputadas que integran la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, a analizar y aprobar con celeridad dichos anteproyectos de reforma de ley. Estas iniciativas buscan dotar a la Corte de Cuentas de las herramientas necesarias para cumplir con su mandato constitucional de fiscalizar la Hacienda Pública y la ejecución presupuestaria, así como de velar por el correcto uso de los recursos de todos los salvadoreños y salvadoreñas, un rol vital para el funcionamiento de nuestra democracia y el combate contra la corrupción.
Desde el OCCCR y la Mesa Técnica, hemos dado un aporte sustancial en la elaboración de dichos anteproyectos y, a la vez, se ha impulsado la aprobación de estos por la importancia y trascendencia de la que revisten. El paquete de reformas incluye tres iniciativas de ley: una para fortalecer la función de control en la Ley de la Corte de Cuentas de la República, otra para realizar cambios puntuales a la Ley sobre Constitución de Sociedades por Acciones de Economía Mixta y una adicional para incluir dos nuevos delitos en el Código Penal. Algunos ejemplos de lo que las propuestas contienen se mencionan a continuación:
– Se establecen plazos determinados para que los entes a fiscalizar suministren a la Corte de Cuentas la documentación y los accesos necesarios para ello, estableciendo, además, un procedimiento claro y sencillo para actuar en caso de haber negativa por parte de los funcionarios responsables, con el apoyo de la fuerza pública.
– Se amplía el ámbito de control de la Corte, incluyendo de forma clara y precisa a entidades privadas y de economía mixta que manejan fondos públicos, debido a que, históricamente, ha habido falta de claridad acerca del alcance de la fiscalización por parte del ente contralor, garantizando así que todos los recursos que pertenecen a la población puedan ser auditados, independientemente del mecanismo bajo el cual se administren.
– Se establecen sanciones penales ante la negativa a suministrar la documentación necesaria para que la Corte de Cuentas pueda practicar auditorías, por parte de los funcionarios y particulares que se vean involucrados; tipificando, además, una agravante en caso de que se impida mediante la violencia el control de la Corte.
– Se fortalece el sistema de control interno de las instituciones, dotando de mayor independencia al auditor interno, lo cual permitirá un seguimiento y control más independiente y efectivo.
– Se podrán deducir responsabilidades en contra de los privados que administren o ejecuten contratos, ampliando aún más la posibilidad de sancionar a los responsables de la mala calidad de obras.
En función de todo lo anterior, consideramos que estas reformas son esenciales para disminuir la impunidad en el abuso de los fondos públicos, garantizar una adecuada y eficiente gestión de los recursos públicos, y para contar con un esquema de control acorde a las exigencias y necesidades de la población. Asimismo, manifestamos públicamente nuestra plena disposición de acudir a las discusiones al seno de la Comisión, para atender cualquier consulta que surja en su discusión, y reiteramos nuestra firme convicción de que su adopción será un paso correcto para promover la transparencia y la lucha contra la corrupción.